Medidas para garantizar el voto de detenidos sin sentencia firme
La semana que pasó, magistrados pertenecientes a la entidad Abogados por la Justica Social (AJUS) junto con las Defensoras Oficiales del Partido de Lomas de Zamora, Fernanda Mestrin, Marcela Piñerón y Karina Costas presentaron una acción colectiva de hábeas corpus correctivo a favor de todas aquellas personas mayores de 18 años sin condena firme que se encuentren privadas de su libertad. 
La medida busca que se les garantice su derecho al voto en las próximas elecciones primarias del domingo 14 de agosto. El objeto de la causa que radica en el Juzgado de Garantías n° 8 de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Gabriel Vitale, es evitar el agravamiento de ciertas condiciones de detención de aquellas personas privadas de su libertad en la actualidad.
La medida busca llevarse a cabo en todos los establecimientos penitenciarios, incluidos los institutos de menores y las comisarías sobre el territorio completo de la Provincia de Buenos Aires. Los juristas solicitaron el ajuste de la normativa provincial a los principios establecidos en el fallo “Mignone”, la ley 25.858 y los Decretos 1291/06 y 295/09 cuyas sanciones fueron llevadas a cabo durante los respectivos gobiernos de Néstor Kirchner y la actual presidenta de la Nación.
Dichas disposiciones garantizan el derecho al voto de los procesados de todo el país para las próximas elecciones primarias. Otro de los pedidos consiste en la convocatoria de una audiencia para que todas las partes acuerden una serie de medidas que garanticen los derechos reclamados.
Dado que la Provincia y la Nación comparten el padrón electoral, también se argumentó que no existen mayores dificultades para que estos detenidos, y en virtud del principio de inocencia y de la igualdad ante la ley y la no discriminación, puedan elegir sin inconvenientes sus representantes para gobernador, diputados y senadores provinciales.
Desde AJUS señalaron que “la defensa de los derechos políticos de las personas privadas de su libertad sin condena, constituye en paso ineludible en la construcción del fortalecimiento de un sistema jurídico fundado en los principios que inspiran la justicia social”.
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